La normalización del abuso

El caso de las ATP's

La indignación corrió por las redes sociales cuando la SEP anunció, a través de un comunicado emitido el viernes 11 de agosto, pero dado a conocer el sábado 12, por la Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente, que el INEE había decidido anular el proceso de evaluación al que fueron sometidos cientos de Asesores Técnicos Pedagógicos al finalizar su segundo año de inducción.

Según el comunicado los ATP’s seguirían recibiendo el “estímulo” correspondiente y que el próximo año se les aplicará nuevamente la evaluación, ya que la etapa 3 (examen estandarizado de conocimientos) no había cumplido con los requerimientos técnicos, en base a una investigación empírica, es decir que el CENEVAL no hizo su trabajo de manera adecuada, por el cual, desde luego, se le pagó una millonada.

Por supuesto, el grueso de los profesionales sometidos al proceso no estuvo de acuerdo y expresaron su inconformidad ya que no tendrían acceso a sus plazas definitivas (un eufemismo ahora normalizado, ya que las plazas son otorgadas únicamente por 4 años a condición de obtener un resultado “idóneo” en la siguiente evaluación), lo cual implica que no estarán acumulando antigüedad ni tendrán posibilidad de ascensos pues no se contabilizará ese año. Muchos alegaron que, aunque el documento especificaba una compensación de $3,500 mensuales lo cierto es que hasta el momento no habían recibido más que $1,800. También se reclamó el hecho de que sus horas estaban limitadas y que la promesa había sido que deberían percibir, con su nueva plaza, un ingreso mayor al de los directores de plantel.

Entre las voces que se alzaron ante esta injusticia desde luego estuvo la mía, las preguntas que me hacía en ese momento giraban, básicamente, en torno a ¿qué sucedió con las plazas? La creación de plazas de Asesores Técnico Pedagógicos siempre ha sido un tema polémico y escabroso, esos puestos han sido otorgados, en la mayoría de las secretarías estatales, de manera discrecional y, en muchos casos, sirven para pagar favores políticos. Es un secreto a voces que muchas de ellas son ocupadas por periodistas pagados del estado, políticos, operadores menores de los partidos en el poder y un largo etcétera. Muchas escuelas carecen del servicio de asesoría pedagógica debido a estas irregularidades. En el principio de este sexenio que buscaba legitimarse lanzando una agresiva campaña contra el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (en muchos casos simulada) expresó que esos puestos desaparecerían. Después de un año de estira y afloje en 2014 se dejó entrever la posibilidad de que las plazas fueran creadas, porque, de hecho, el origen de la corrupción es esa: no existen cargos oficiales, siempre han sido docentes comisionados con un sobresueldo que se decide en los despachos de secretarios y subsecretarios y que son otorgados a modo, de acuerdo a la utilidad electoral que puedan representar los individuos que tradicionalmente las han ocupado.

Para 2015 se afirmó que se legitimarían y que entrarían a concurso a través de un proceso de evaluación. Muchos ATP’s que ya cubrían las funciones pero que no contaban con certeza laboral se entusiasmaron, otros tantos docentes vieron la posibilidad de escalar en su carrera docente y concursaron para ellas. De acuerdo a la Ley General del Servicio Profesional Docente, como todas las otras funciones dentro del Servicio Profesional Docente, debían de pasar por un período de inducción de dos años, en los cuales se les evaluaría anualmente y, de resultar idóneos, se les otorgaría la plaza. El día llegó y lo único que se tiene en claro es que se ha anulado la evaluación.

El día 15 de agosto salió un nuevo comunicado de la Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente donde se afirma que las plazas de ATP ya han sido creadas y se encuentran en el FONE, pero que no se otorgarán hasta el año 2018, una vez que esta administración vaya de salida. ¿Qué significa esto? Desde luego es una estrategia para “cumplir” con la ley y los compromisos de la creación de estos puestos, pero al quedar vacantes todo un año ¿Qué sucederá con esos sueldos? Supuestamente, y de acuerdo a una tabla dada a conocer por la misma dependencia, efectivamente los ATP’s tendrián un sueldo bruto más alto que los directores, algunos podrán llegar a ganar hasta $20,000 (los de secundaria con 40 horas), pero aún es una propuesta, por lo que queda mucho terreno para la especulación.

Lo que me parece evidente es que no se está cumpliendo con la ley, si en el caso de directivos, cuyo proceso de evaluación presentó fallas técnicas, se acordó otorgarles la máxima calificación, entonces ¿Por qué se anula un proceso completo tratándose de los asesores? Son tiempos electorales, pero creo que lo peor que podemos hacer es normalizar este tipo de situaciones, no podemos quedarnos de brazos cruzados y decir, como en un comentario que tuve oportunidad en las redes “pues así siempre han sido, los políticos nunca cumplen”, creo que es momento, como docentes, como actores sociales y como sociedad civil, de poner un alto y, por lo menos, cuestionar este tipo de hechos.