"Los maestros no se quieren evaluar"
Que las plazas del magisterio siempre han sido un gran
negocio en sí mismo y que además han sido usadas para manipulación política y
electoral eso es bien sabido; no es nuevo ni tiene que ver con esta “nueva era”
del PRI que regresó al poder después de dos períodos en el gobierno federal de
su supuesto opositor, el PAN, sin embargo lo que no se dice en los discursos
tanto a favor como en contra de la reforma
laboral aplicada al magisterio, es que esta manipulación no viene de los
maestros, en este caso ellos son las víctimas.
Una persona que ha estudiado en alguna Escuela Normal, que
pretende desempeñarse frente a grupo, muchas veces se enfrenta a la realidad de
tener que rendir pleitesía a los líderes
sindicales o a los funcionarios gubernamentales. No son pocas las historias de
las aspirantes a una plaza en educación
básica que son forzadas a brindar favores sexuales a los funcionarios a
cambio de la oportunidad de ejercer su
profesión; el último gran escándalo del que supe fue el de la sobrina de una ex-gobernadora
que intentó ser forzada por el director de primarias de la Secretaría de
Educación de Yucatán y que al final del día le costó el puesto a este, sólo
porque se trataba de esta chica en específico y su relación familiar con un
personaje en el poder es que se tomaron medidas drásticas, pero este tipejo
llevaba varios años ejerciendo las mismas prácticas a vista y paciencia de sus colegas
y hasta de sus jefes directos.
También se sabe que los líderes, antes del SNTE (quienes en
este momento prefieren guardar un bajo perfil) y ahora los de la CNTE, utilizan
a miles de aspirantes a plaza para sus marchas y plantones, para ejercer
presión gubernamental que desemboca en dudosas firmas de minutas cuyos recursos
nunca terminan de llegar o que se “pierden” en el camino.
Ahora que la lucha por la defensa de la educación pública
en México ha cobrado nuevos bríos me parece que es tiempo de empezar a aclarar
ciertos aspectos que han quedado totalmente desdibujados o manipulados:
1.- Los maestros no
son sus sindicatos. Los sindicatos se han erigido como intermediarios que
manejan plazas y deciden a quién se le otorgan o no; a la mayoría de los “agremiados”
ni siquiera se les permite elegir pertenecer o no a estas agrupaciones. Es como
el caso de los taxistas agremiados que tienen que pagar grandes sumas para
poder acceder a una placa que cuesta apenas unos pocos miles de pesos. Son “revendedores”
que actúan a ultranza.
2.- Los sindicatos
no son “secuestradores” de la rectoría estatal. Si los sindicatos han
manejado las plazas desde hace muchos años no es porque hayan entrado por la
fuerza a alguna oficina gubernamental, hayan amagado a “inocentes”
funcionarios, poniéndoles una pistola en la cabeza y estos hayan firmado por
coacción. Lo cierto es que los secretarios de educación federales, estatales y
muchos funcionarios de mandos medios han cedido espacios para que los líderes
sindicales pudieran entrar en la ecuación en decisiones fundamentales de la
vida magisterial, y desde luego de la educación pública nacional, a cambio de
apoyo a sus campañas, proyectos o para convertirse en cómplices en el desvío de
recursos.
3.- Los maestros no
gozan de “privilegios”. Cada vez que escucho este argumento no puedo evitar
que me hierva la sangre, pero después reflexionando un poco entiendo la
perspectiva de muchas personas que consideran que contar con una seguridad
laboral, prestaciones como vacaciones, aguinaldo, servicio médico, primas
vacacionales, apoyos para compra de vivienda, bonos (ínfimos) para transporte,
material didáctico y otros pequeños apoyos económicos, pueden catalogar estos
derechos como “privilegios” pues vivimos en un momento histórico, especialmente
en los países de gobiernos neoliberales, donde este tipo de derechos básicos de
un trabajador se ven tan lejanos como pensar en unas vacaciones en la Luna. El recorte
a las condiciones mínimas laborales han bajado drásticamente los estándares de
exigencia de los trabajadores. Muchos han comprado el discurso de la
meritocracia y van, convencidos, tras la zanahoria que nunca alcanzarán,
consideran así justos los malos tratos, las condiciones de explotación y
observan a otros empleados, especialmente los gubernamentales, como los “flojos-privilegiados”
que no merecen ese trato preferencial. Y aunque en algunos casos es cierto que
ciertos burócratas no cumplen con sus funciones, los maestros representan uno
de los gremios con mayor demanda en cuanto a sus funciones.
De acuerdo a un informe que la OCDE presentó en 2012 en la
Cámara de Diputados, el 30% de los recursos empleados en la educación pública
provienen de los bolsillos de los propios docentes. Me gustaría saber qué otro
empleado (gubernamental o privado) aporta, de su sueldo, materiales e insumos
para ejercer su función.
4.- Los maestros no
se quieren evaluar. Desde luego esta es una gran falacia; la mayoría de los
docentes en México están de acuerdo con participar en un proceso que pueda
ayudarles a mejorar, a dar luz sobre sus áreas de oportunidad y que aclare las
fallas que anidan en el sistema educativo y esto lo puedo afirmar porque he
trabajado con cientos de ellos a quienes he apoyado y guiado en su
fortalecimiento profesional. Aquí la realidad es que la evaluación del
desempeño docente ha estado marcado por la ineficiencia, la falta de
congruencia y la carencia de instrumentos que puedan arrojar luz sobre la
realidad. Los maestros han sido coaccionados, forzados, amenazados y hostigados
para participar en un proceso lleno de mentiras e imprecisiones. Vemos casos
como el de algunos maestros que no presentaron ninguna de las etapas del
proceso y están ubicados en el grupo de alto desempeño; otros que se
esforzaron, se prepararon y estudiaron, obtuvieron evaluaciones sobresalientes
y hasta la fecha no han obtenido sus tan cacareados aumentos de sueldo o un
número mayor de horas.
Desde luego esto es resultado de un mecanismo implementado “al
vapor”, realizado por funcionarios apremiados por los “tiempos políticos” o por
la necesidad de “legitimar” la reforma; los instrumentos no fueron calibrados y
el encargado de aplicar las pruebas (CENEVAL) evidentemente no ha contado o con
los insumos o con el tiempo necesario para desarrollar pruebas mínimamente
estructuradas; los evaluadores (muchos de ellos) hasta la fecha no han recibido
las compensaciones económicas prometidas y es claro que el número de estos fue
mucho menor al requerido, imponiéndoles jornadas y condiciones nada propicias
para el ejercicio de su labor.
En este punto de la lucha magisterial sería bueno empezar a
reflexionar desde una perspectiva diferente e informada, no quiero decir que
los docentes mexicanos no tengan fallas y que no deban mejorar, pero me parece
que como ciudadanos tenemos el deber cívico de apoyar una causa justa que no
sólo pretende reivindicar a un sector, sino poner sobre la mesa una serie de
injusticias que se han ido naturalizando al grado de poner al pueblo contra el
propio pueblo.
