La criminalización de
la docencia
Entre el 19 y el 20 de este mes de abril han sido detenidas
6 personas por manifestaciones en contra de la reforma educativa en Sonora,
entre ellos el Mtro. José Luis Portillo Liera identificado como uno de los
principales líderes del llamado “movimiento Guaymas-Empalme” contra la reforma
educativa, acusado de usurpación de funciones.
El delito de estos maestros y un padre de familia fue, en
el estricto ámbito de lo legal y como “versión oficial”, el bloquear la entrada
de un plantel educativo lo que constituye un delito federal y la usurpación de
funciones en el caso del Mtro. Portillo, pero el motivo real por el que fueron
exhibidos y violentados es el negarse a rendir una evaluación que, como ha sido
reconocido por el propio Instituto Nacional para la Evaluación Educativa, ha
resultado a todas luces fallida. En Sonora hay 84 maestros que fueron retirados
de sus funciones “sin repercusión para la autoridad” por el simple hecho de no
presentar ninguna de las etapas de la evaluación del desempeño docente.
Los maestros, que suman más de 3 mil en todo el territorio
nacional, que fueron señalados por el Secretario de Educación, Aurelio Nuño,
para ser dados de baja en varios estados de la República han sido separados de
sus cargos paulatinamente desde el pasado 31 de marzo, muchos fueron notificados
al llegar a laborar, otros, incluso, fueron avisados en sus hogares mediante
escueto oficio. Algunos de ellos ya llevan a cabo procesos legales de defensa
de sus fuentes laborales, otros, como es el caso del maestro de Guaymas han
decidido seguir presentándose a trabajar. Se supone que muchos de ellos ya
debieron haber sido suplidos por nuevos docentes que, de acuerdo a los propios
lineamientos de la SEP, tuvieron que haber sustentado un proceso de evaluación,
sin embargo en la mayoría de los casos no ha sido así pues uno de los grandes
huecos que deja la legislación educativa es justamente esa: maestro suplente
puede ser casi cualquiera.
Entonces la lógica no aparece por ningún lado: se supone
que los docentes separados de su cargo son aquellos que se negaron a la
evaluación, muchos, en un juicio sumario popular promovido por los medios de
comunicación en este prolongado linchamiento público magisterial que lleva más
de tres años en México, han supuesto que estos docentes se negaron a la
evaluación pues no cumplían con un mínimo de calidad requerido para estar
frente a grupo, sin embargo, al ser separados de sus cargos, los grupos de niños
que tienen bajo su responsabilidad, son atendidos por personas que en muchos
casos ni siquiera cuentan con un título de educación superior, entonces ¿el
discurso de la calidad educativa dónde queda?
Hay que ubicar que todas estas acciones que nos deberían
indignar profundamente, así como la detención de los 18 maestros en Chiapas que
salieron a protestar y fueron trasladados en avión a penales de la Ciudad de
México, o la farsa de las consultas a “expertos” para la reforma a la educación
superior que sacó a las calles a los estudiantes del Instituto Politécnico
Nacional, constituyen una embestida contra la educación pública, no contra “algunos
revoltosos” como quieren presentar a quienes se atreven a levantar la voz.
Cada día que transcurre queda más claro que la reforma
educativa es solamente una pantalla para privatizar la educación en nuestro país
y esto debería indignarnos y movilizar a la gran mayoría pero desgraciadamente,
mientras más violencia aplican las autoridades mayor indiferencia provocan en
la mayoría de la ciudadanía.
Llevar a un maestro ante el ministerio público con una
simple orden de presentación (que no autoriza en ningún momento la aprehensión)
utilizando la violencia frente a sus estudiantes y los padres y madres de
familia, debería constituir un acto de indignación general, pero como van las
cosas no nos extrañe que dentro de poco los centros educativos realmente
preocupados por preparar a nuestros niños y jóvenes para enfrentar esta nueva
realidad brutal e implacable, tengan que ser clandestinos; cuando escuchar
narraciones como la de Malala sea lo común en este país no nos asustemos,
porque justo aquí es donde comienza ese proceso y ahora cuando hay que hacer
algo, no simplemente quedarnos callados observando las pantallas de televisión
con conductores que intentan, desesperadamente, hacernos creer que ser docente
es un delito.
