Los mitos de la acreditación, las escuelas morenas.

Gran revuelo ha causado la noticia de que un partido político de izquierda en México ha abierto una serie de escuelas de educación superior gratuitas y no cuenta con las acreditaciones por parte de la Secretaría de Educación Pública para ello. Si bien es cierto que legalmente está establecido que para que una educación superior brindada por particulares sea válida en nuestro país y en los que tienen convenios al respecto con él, es necesario que se cuente con el Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (mejor conocido como RVOE) en la práctica este trámite se ha reducido a la demostración de la posesión de una serie de características superficiales que no necesariamente garantizan la calidad educativa de los establecimientos.

A partir del año 2000, cuando se publica, en julio, el acuerdo 279, resultado de la negociación entre la SEP y la FIMPES, órgano representante del Consejo Coordinador Empresarial, los requisitos para el otorgamiento de un RVOE están basados en la infraestructura y capacidad económica de los solicitantes y no en su solvencia, calidad y pertinencia académicas; los planes de estudio son un mero requisito que se basan en una visión estandarizada de lo que debe ser un diseño curricular y el verdadero negocio está en solicitar adecuaciones a espacios y materiales físicos, realizar inspecciones ociosas aplicadas por personal que dista mucho de contar con los conocimientos pedagógicos para los requisitos reales del proceso enseñanza-aprendizaje, por lo que, basados en “el manual” exigen ediciones de libros que muchas veces son obsoletos, que se concretan a la visión funcionalista o que resultan francamente imposibles de conseguir; igualmente queda al criterio de cada inspector la posibilidad de determinar si “x” o “y” espacio es realmente adecuado para impartir escolarización del nivel referido, lo que crea una gran desconfianza y abre amplios espacios para la corrupción, así hemos visto la propagación escandalosa de las llamadas “escuelas patito”.

Ahora que un partido (he de mencionar que los partidos no son de mi confianza y ninguno es de mi preferencia) decide utilizar los recursos públicos que le han sido asignados para construir escuelas de educación superior en diferentes partes del país la opinión pública se centra en si los estudios que imparte son acreditables o no. Según el propio acuerdo 279 es requisito, de no contar con el RVOE, hacerlo público, de esta manera nadie es timado, tomemos en cuenta que esta educación que se está ofreciendo no solicita retribución económica, así pues no existe una relación “Prestador de servicio-cliente” y siempre que se haga público el hecho de que no se cuenta con reconocimiento oficial dicho partido no viola ninguna ley y creo que aquí hay un tema aún más importante ¿Qué necesitan nuestros jóvenes un título o las competencias y habilidades necesarias para insertarse con éxito en la edad adulta?

Me confieso ignorante en cuanto al diseño curricular, la planeación pedagógica y el modelo de estas escuelas, pero me aterra pensar que antes de investigar cualquier cosa ataquemos un esfuerzo que se sale de lo común y al que deberíamos estarnos sumando los educadores, justamente para defender lo que debe ser defendido: el derecho de nuestros jóvenes a una educación superior de calidad y que, ya ha quedado claramente evidenciado, el estado es incapaz de proveer en proporción a la demanda existente.

Y aquí aprovecho un llamado a todos los educadores ¿quién se apunta para aportar y defender este proyecto con la finalidad de que no se convierta en una fábrica de militantes y sea lo que nos han ofrecido: una alternativa para miles de jóvenes que requieren educación superior? Espero que Morena sea congruente y nos abra las puertas a quienes queremos aportar, sumar y pasar de la crítica a la acción, sin ser militantes o siquiera simpatizantes de su partido. La invitación está hecha.