Ya veremos dijo un ciego
El todavía nuevo pero rápidamente desgastado
Secretario de Educación, Aurelio Nuño, pasó de protagonista de presentaciones
efectistas en escuelas del centro del país, cada lunes (actividad que desde
luego no ha abandonado), a columnista de un reconocido medio impreso y digital
y el día de hoy, en el espacio que seguramente compró con recursos del erario
público, dio a conocer 7 prioridades de la reforma educativa que se llevarán a
cabo este 2016 que parece tener prisa por crear polémica y poner en acción… por
lo menos las lenguas de los opinadores oficiales.
En este “decálogo” que apenas llega a “septálogo” hace énfasis en que la
reforma educativa no es sólo la evaluación docente, sin embargo este énfasis se
retoma en uno de los puntos en los que se compromete, durante la segunda
quincena de febrero, a presentar los resultados de las pruebas que se aplicaron
al dudoso 86% de los docentes convocados.
Me gustaría detenerme un poco en este segundo
punto que ha anunciado con total certeza. La junta de gobierno del INEE ha
dejado claro en un encuentro que tuvo con la cúpula del SNTE la semana pasada,
que no tiene la certeza de que dar a conocer los resultados de esta evaluación
sea lo más adecuado para lograr los objetivos que se plantearon desde un
principio, pues, uno de los elementos a considerar, es la posible
estigmatización que se pudiera hacer de los docentes al conocer los resultados.
Se ha hablado de que lo más prudente sería dar datos y cifras pero no hacer
pública la información individualizada.
¿En qué podría afectar que un padre de
familia supiera que el docente que atiende a su hijo en la escuela resultó “no
idóneo”? Es cierto que esto podría causar un gran conflicto, y, en el menor de
los daños este padre de familia tal vez intente cambiar a su hijo de salón o
bien de plantel escolar; también podría traer consecuencias fatales, ya hemos
visto como, sin ningún reparo, han
llegado padres de familia y desde luego madres, a golpear impunemente a los
maestros durante las horas de clase, también cómo algunos de estos
profesionales han sufrido acoso sin mayor evidencia de su “incompetencia” que
el dicho de los estudiantes o la falta de respuesta a demandas, muchas veces
inverosímiles, de los tutores. Esto nos podría abrir un panorama más o menos
claro de lo que podría llegar a suceder, pero también podría redundar en muchas
otras situaciones desfavorables, estigmatización, discriminación, acoso
institucional (que ese se viene sufriendo desde el 2012 de manera contundente
en muchos lugares del país, pero podría incrementarse) pues ya se contaría con
“evidencia fidedigna”, respaldado por un instituto supuestamente confiable al
que sólo le falta pedir perdón por todos los errores cometidos durante el
proceso de evaluación que nunca debió ser.
¿Para qué servirían entonces todos los
millones invertidos en esta evaluación del desempeño si no se conocen los datos
precisos? Desde luego que desde el primer momento el INEE afirmó, hasta el
cansancio, que sería un proceso diagnóstico. Pero, hasta dónde sé, y así ha
sido aceptado por todos los expertos internacionales, la evaluación diagnóstica
no tiene consecuencias. Una evaluación diagnóstica (eso creo que ha quedado
bastante claro entre todos los docentes que cada ciclo, al iniciar, realizan pruebas
diagnósticas) no puede repercutir en la calificación del estudiante. Entonces
aquí la pregunta es ¿Aceptarán que las evaluaciones se aplicaron sin la certeza
de haber demostrado su confiabilidad a través de un pilotaje? ¿Reconocerán que,
lejos de cumplir con el procedimiento establecido (supervisar rigurosamente la
elaboración de los reactivos) dejaron a ciegas este proceso al CENEVAL?
¿Dictaminarán, como sería lo justo, que este proceso no cuenta con los
requerimientos mínimos para que se pueda categorizar a los docentes que lo
presentaron en “idóneos” o “no idóneos” y por tanto no pueden aplicarse las
consecuencias que esta categorización tendría?
Desde luego que el INEE se podrá pronunciar
en este sentido, y sería lo mínimo que podría hacer, sin embargo, hay que
dejarlo claro, es a SEP a quien le corresponde determinar si se aplicará la ley
como está planteada y si se darán a conocer los resultados pormenorizados, con
sus respectivas consecuencias, cosa, que parece que el nuevo columnista Nuño
Mayer está dispuesto a hacer, en una apuesta por su capital político y por el
respaldo empresarial que parece ser, es lo único que estaría en juego en esta
decisión. En un mes lo sabremos, por lo pronto, no podemos dejar pasar por alto
que las voces comienzan a levantarse y los docentes no deberían quedarse
callados, ya veremos dijo un ciego.